España es un país de propietarios porque nos ayudaron a serlo, pero los más jóvenes no están teniendo ese respaldo. Hace tiempo que el mercado de la vivienda ha alcanzado unos precios difíciles de asumir para gran parte del país. Según el Barómetro de febrero del CIS, el 42,8% de los encuestados considera la vivienda el principal problema y, aunque la falta de oferta es la causa principal, la fiscalidad no ayuda a mejorar la situación. Porque la realidad es que España tiene la fiscalidad más alta de la UE en materia de vivienda: mientras que la media de los países europeos ronda el 6,5%, la de España supera el 30%. En este punto es esencial que instituciones y empresas, tanto públicas como privadas, trabajen de forma coordinada para lograr una fiscalidad más neutral que contribuya a que el mercado de la vivienda sea accesible para todos. Los impuestos están presentes en todas las fases del ciclo inmobiliario. Gracias a esta sobrefiscalidad, las Administraciones central, autonómicas y locales han recaudado más de 52.000 millones de euros. Primero, en la construcción, donde los promotores deben hacer frente al ICIO (impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras), al AJD (impuesto de actos jurídicos documentados) y a otras tasas que varían según la comunidad autónoma. La situación no mejora en la compraventa, donde intervienen el IVA en la obra nueva o el ITP (impuesto de transmisiones patrimoniales) en la vivienda de segunda mano, y continúa durante la tenencia a través de impuestos como el IBI, el IRPF y patrimonio. Por último, en caso de venta, los propietarios deben hacer frente a la plusvalía municipal y al IRPF, donde ya no se corrige la inflación, y cuyos tipos pueden llegar al 30%, salvo algunas excepciones para vivienda habitual o mayores de 65 años. ¿El resultado? Un entorno en el que la carga fiscal a la vivienda supera el 25% de su valor total. Esto hace que, en el que tradicionalmente ha sido el país de la UE con mayor porcentaje de propietarios, ahora mismo solo un 30% de los menores de 34 años pueda llegar a serlo, según los datos del INE. Si se grava de una manera tan excesiva la compraventa estamos excluyendo del acceso a la vivienda a una generación entera de jóvenes. El problema no tiene que ver únicamente con la cuantía de los impuestos, sino con la propia estructura del sistema fiscal. Hay figuras que se solapan, falta coherencia entre ellas y existen diferencias significativas entre CCAA. Esta variedad, visible, por ejemplo, en el ITP, con tipos que van desde el 6% de Madrid hasta el 10%-13% en Cataluña, o en las distintas bonificaciones y deducciones, provoca que el acceso a la vivienda dependa en gran medida del territorio, condicionando tanto la inversión como el funcionamiento del mercado. En este punto, la solución no es ni sencilla ni depende de un único actor: se basa en la colaboración de todos los agentes involucrados.

Fuente: Cinco días